El juez platense Luis Arias hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pero nuevamente, el Gobierno bonaerense apelará.
El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, decidió días pasados hacer lugar a una medida cautelar solicitada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y ordenó la suspensión del aumento de las tarifas eléctricas en todos el territorio de la Provincia, tal como lo había dejado establecido la resolución 419/17 del Ministerio de Infraestructura.
La medida alcanza a Eden y a las Cooperativas que operan en la provincia como las de Rivadavia, González Moreno, Fortín Olavarría, Carlos Tejedor. Esto sucede una semana después de que un fallo de la Cámara suspendiera los efectos de una precautelar dictada con anterioridad por el mismo magistrado. Además, en el medio de ambas resoluciones judiciales se concretó una audiencia entre las distintas partes intervinientes para acercarse a un aumento “razonable” del servicio, de acuerdo a un pedido que había sido realizado por la Defensoría.
En diálogo con diario Hoy, Arias explicó que “la medida cautelar se dicta porque el artículo 39 de la ley 11.769, que es el marco regulatorio eléctrico, establece que las tarifas deben ser justas y razonables, teniendo en cuenta el derecho de acceso a la energía eléctrica por parte de todo habitante de la Provincia”. El magistrado señaló que los incrementos que habían sido anunciados no fueron los realmente constatados. “Los aumentos que hemos verificado son del 75% para Eden”, detalló. “Las inversiones que se aprobaron en la Audiencia tampoco coinciden con esta resolución, porque fueron disminuidas sustancialmente a favor de las empresas”, agregó. Por otra parte, advirtió que todas las empresas han quedado debajo de un mismo grupo empresario, el grupo DESA, violando el marco regulatorio. Desde el organismo conducido por Guido Lorenzino se busca que los aumentos se equiparen a los incrementos salariales que viene negociando la Provincia, y que rondan el 20 por ciento, en contraposición con los autorizados por el Ministerio de Infraestructura, que promedian el 60%.
“El cuadro tarifario no guarda proporcionalidad ni razonabilidad. Pedimos que los aumentos guarden relación con el ingreso de la gente, ese es el asunto central”, expresó Lorenzino. Por su parte, voceros del Ministerio de Infraestructura bonaerense indicaron a este medio que la Provincia aún no fue notificada de la resolución y que una vez que se concrete dicha notificación se presentará toda la documentación que la Justicia exija. Tal como sucedió anteriormente, el gobierno apelará el fallo que quedará en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
El acceso universal a la energía como fundamento primario prima en el fallo dictado por el juez Luis Arias. Las distribuidoras y cooperativas eléctricas prestatarias del servicio deberán realizar una nueva facturación del mismo.
