Así lo anunciaron desde la autoridades de la entidad. Explicaron que la Justicia volvió a poner en vigencia dos leyes que habían quedado suspendidas – “El gobierno nacional establece el aumento en base a la actualización de precios de Camesa. A su vez a partir de la liquidación de diciembre se reincorporan estos ítems a la factura”.
Se trata de los fondos especiales de Desarrollo Eléctrico y de Grandes Obras que estaban en litigio judicial; los incrementos ya figuran en las facturas de enero.
Se trata de dos fondos especiales: el número 7290 llamado Desarrollo Eléctrico y el 9038 Grandes Obras. El cobro de estos impuestos estaba suspendidos desde 2016 a raíz de una medida cautelar dictada en primera instancia, pero tras una disputa judicial la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires falló a favor de la empresa que este mes ya incluyó el valor a la facturación del Enero.
También se autorizó a cobrar el porcentaje de esos fondos a las empresas Edea, Edes, Eden y las cooperativas de energía eléctrica bonaerense y se sumarán al incrementos previsto por el Gobierno nacional para el mes próximo.
«Son dos impuestos que ya no están vigentes, es otro aumento encubierto en la factura», dijeron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia a cargo de Guido Lorenzino. Estos dos impuestos que ahora se vuelven a cobrar tienen como destino las arcas nacionales, bonaerenses y comunales y representan un 15,5 % sobre la facturación que paga cada usuario.
En la provincia de Buenos Aires, cada factura eléctrica incluye dos tipos de cargos: los energéticos, vinculados con el consumo (fijos o variables dependiendo del período y la categoría del usuario) y los tributarios, según lo dispuesto por cada jurisdicción. En territorio bonaerense estos cargos son el IVA (21 por ciento); la Contribución Provincial Decreto Nº1795/92 (0,64 %); la Contribución Municipal Decreto Nº1795/92 (6,42 %), el Decreto Ley 7290/67 (10 %), el Decreto Ley 9038/78 (5,5%) y la Ley Provincial 11769 (5%).
El litigio comenzó en mayo de 2016, cuando un fallo firmado por el juez en lo Contencioso Administrativo Luciano Savignano hizo lugar al planteo de dos concejales del radicalismo de Pergamino contra el cobro de sendas tasas creadas en 1967 y 1978. Los concejales, Carlos Elizalde y Ramiro Llan de Rosos, consideraron en su presentación que «si bien la recaudación obtenida por esas disposiciones debía asignarse a obras, estudios y proyectos relacionados con la infraestructura eléctrica, los fondos iban indefectiblemente a parar a rentas generales».
Esa resolución judicial hizo que la suspensión del cobro, que comenzó orientado a los demandantes, se extendiera a todo el territorio bonaerense a partir de una gestión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, liderada entonces por Marcelo Honores. No obstante, en noviembre pasado la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás hizo lugar al reclamo de la Provincia para reiniciar los cobros; la oficina del actual Defensor Lorenzino apeló a la Suprema Corte bonaerense, pero el alto tribunal avaló a la Cámara, por lo que los gravámenes cuestionados volvieron a incorporarse en la facturación.
Por su parte Lorenzino aseguró a LA NACION que «la Defensoría va a seguir la causa para que la Justicia resuelva la cuestión de fondo a favor de los bonaerenses, es decir, la eliminación de estos dos impuestos extras en las boletas de luz, porque entendemos que existe una vulneración de los derechos económicos de los usuarios».
A su vez desde la entidad hablaron sobre el rumor que la factura pueda aumentar otra vez en marzo – “Son medidas que toma el gobierno, sabemos que para las familias es muchas veces complicado recibir estas noticias, pero sepan que no depende de nosotros. Esto dependerá de los niveles de inflación y de la actualización de precios que pueda tener el Comercio Mayorista de Energía”.
