Con la presencia de la familia Dupuy en el recinto, el Senado aprobó el jueves por la tarde la Ley Lucio con 65 votos afirmativos.
Fue presentada por el diputado nacional por La Pampa Martín Maquieyra, ya contaba con media sanción en Diputados y este jueves alcanzó los 65 votos positivos en el Senado.
El proyecto, inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”:
- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez: se trata de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza.
- Reserva de identidad: se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia.
- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales: la ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
De acuerdo a datos de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la línea 102 recibió en un año más de 45.500 llamadas de todo el país, de las cuales unas 20.300 corresponden a situaciones de violencia contra niñas y niños.
Ley Lucio: cuál es el origen
Lucio murió el 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza de la que fue víctima dentro de la vivienda en la que residía junto a su madre y su pareja. Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa.
No obstante, no había denuncias de ningún profesional sobre los golpes que presentaba, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Este último motivo fue uno de los principales argumentos por los que se impulsó la Ley, para que los profesionales de la salud, docentes y funcionarios, puedan advertir y detectar situaciones de violencia intrafamiliar.
