El oficialismo de Rivadavia denunció públicamente en redes y cuestionó que el legislador provincial -nativo de América- tuvo un paraguas protector sobre el fiscal Claudio Scapolan, quien atravesó un proceso de enjuiciamiento acusado de supuestas irregularidades en causas vinculadas al mundo narco. Tras esto, el propio Juan Alberto Martínez redactó un escrito que difundió también en redes sociales, y manifiesta persecución.
Cuento la historia: la tardecita del domingo 16 de abril marcó a la agenda política local, que se encontraba medianamente tranquila. La Agrupación Rivadavia 1° – Juntos por el Cambio hizo saber lo siguiente, aquí el comunicado oficial:
EL NARCOTRÁFICO Y LA POLÍTICA LOCAL
¿Por qué el massismo defiende a un fiscal vinculado al narcotráfico? ¿Por qué el senador Juanci Martínez ataca a una jueza que está juzgando a una banda de narcotraficantes? ¿Por qué es funcional a los narcotraficantes? ¿Qué intereses hay detrás de esta defensa?
El Fiscal de San Isidro, Claudio Scapolan, está acusado de liderar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico. Esta acusación, por la que está siendo juzgado, tiene varios años y los medios periodísticos nacionales han publicado mucha información al respecto, vinculando estos a Scapolan de ser un fiscal cercano al Massismo, quienes lo han protegido, tanto a él como a su ex jefe, el fiscal Julio Novo.
Scapolan fue suspendido de su cargo el 22 de diciembre pasado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires, por nueve votos contra uno (sólo votó en disidencia la legisladora Sofía Vannelli, referente del massismo), a partir de la acusación hecha por el Procurador de la Corte Bonaerense, Julio Conte Grand. La fundamentación se dio en base a las pruebas reunidas en un expediente que tuvo inicio en 2016 con una denuncia de la ex diputada nacional Elisa Carrió.
Tras la suspensión, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la Provincia de Buenos Aires -presidido por la jueza Ana María Bourimborde- está llevando adelante el juicio político correspondiente contra Scapolan, pero llamativamente esta semana los bonaerenses se anoticiaron que en la comisión bicameral que trató el tema, los dos miembros del massismo que integran esa comisión (Martínez y Puglielli) decidieron solicitar el juicio político de la jueza.
De los 12 miembros de esta comisión, 8 pertenecen al Frente de Todos y cuatro a Juntos por el Cambio. De los ocho del Frente de Todos, solamente dos pidieron el juicio de la jueza. Sí, los dos del massismo: el senador Juan Alberto “Juanci” Martínez y el diputado Carlos Puglielli.
La pregunta que entonces nos hacemos es ¿Por qué el senador Juan Alberto Martínez quiere proteger a una persona vinculada al narcotráfico? ¿Cuál es el límite de lo que se puede hacer en política? ¿Vamos a soportar los rivadavienses un representante que tenga estas conductas ?
No todo da lo mismo y es necesario mostrar claramente los valores que encarnan cada uno de los dirigentes, por eso seguiremos denunciando los malos procederes y las ruines mentiras de quienes destruyen nuestro país y nuestra provincia poniendo cara de buenos.
A LAS POCAS HORAS, EL PROPIO SENADOR CONTESTÓ MEDIANTE SUS REDES: ANTE LA PERSECUCIÓN DE RIVADAVIA PRIMERO, ALGUNAS ACLARACIONES
En las últimas horas recibí muchos mensajes de amigos y conocidos. Desde Rivadavia Primero emitieron un comunicado donde me acusan por una acción judicial contra una jueza que investiga un presunto caso de narcotráfico. No solo es un mensaje que contiene una interpretación malintencionada, sino que esconde una clara intencionalidad política para perjudicarme.
Como legislador, y puntualmente por mi profesión de abogado, integro la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, la cual me asigna deberes y obligaciones, conforme lo establece la Ley 13.661. Uno de ellos, es observar el accionar de jueces y fiscales, y efectuar una denuncia ante cualquier presunta irregularidad. En este caso puntual, la magistrada incumplió con el rol que le asiste su carácter de presidenta del jurado, lo cual motivó la denuncia conjunta.
Esto no afecta de ningún modo la investigación sobre una presunta banda de narcotraficantes. Los vecinos de Rivadavia me conocen y saben de mi proceder: estoy en contra del narcotráfico y de cualquier tipo de delito.
Pero no quiero dejar pasar este accionar de Rivadavia Primero, que en lo personal no me sorprende. Desde que fui electo para representar a los rivadavienses que recibo ataques del oficialismo, siempre directos y de carácter personal. Es la misma forma de hacer política desde hace 24 años: perseguir y amedrentar al que piensa distinto.
Por suerte, cuento con el respaldo de mi familia que me acompaña y me brinda un cariño irremplazable cada día.
Pese a todo, quiero que sepan que no me van a amedrentar. Voy a seguir trabajando y gestionando para traer soluciones a los rivadavienses. Este tipo de operaciones solo me dan más fuerzas para promover el cambio que muchos anhelamos en el distrito, para que en Rivadavia podamos vivir mejor, libres de aprietes y malos tratos.
Tercer Comunicado y segundo de Rivadavia 1°
A pesar de los intentos del massismo por evitarlo, finalmente Destituyeron al fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de liderar una asociación ilícita que armaba causas vinculadas al narcotráfico. De esta manera, quedó trunca la denuncia que le realizara el senador Martínez a la jueza a cargo del jury, Ana María Bourimborde, presentación que buscaba embarrar la investigación y dilatar la sentencia.
Pero a pesar de estas lamentables acciones, Scapolan fue destituído y será ahora investigado por la Justicia, donde está acusado de 10 delitos: Jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esta maniobra a la que se prestó el senador de nuestro distrito no se la responde con chicanas ni victimizándose. Seguramente su accionar se basó en una obediencia política, pero en definitiva desde nuestro pensamiento y convicciones, fue una repudiable actitud que buscó beneficiar a un fiscal multidenunciado, mostrando su falta de valores en el desempeño de la función pública. Por eso, queremos respuestas y nos seguimos preguntando.
¿Por qué el massismo defiende a un fiscal vinculado al narcotráfico? ¿Cuál era la intención de denunciar a la jueza una semana antes del fallo? ¿Qué intereses hay detrás de esta defensa?
Por Alexis Martin para LNP.
