Lo manifestó Jorge Pablo Rosolén – presidente del Honorable Concejo Deliberante – tras la medida que se tomó de suspender las habilitaciones de supermercados por un año en el ámbito del partido de Rivadavia. «Esto se pensó para proteger al pequeño y mediano comerciante. También por la mano de obra que ellos generan. Si se instalara un nuevo súper, no generaría bajas en los precios, sólo haría que se cierren muchos de los negocios que hoy están funcionando”.
“Teníamos el rumor de que un nuevo supermercado pretendía instalarse en nuestra ciudad, pero no había certezas de que fuese de procedencia China, por eso quiero dejar bien aclarado, que la medida no busca ser discriminatoria” explicaba Rosolén en una entrevista para el programa periodístico Magazine Café, por la 104.1 – en esa línea el presidente del cuerpo deliberativo expresó que “la medida que tomamos apunta a defender los puestos de trabajo que generan los comercios locales. Y en cuanto a los problemas que tienen los supermercados chinos, es que no generan mano de obra local y hasta precarizan el sistema laboral”. Según el edil – “los comercios chinos vienen con su gente y nunca queda claro si hay empleados o si son todos familiares, y eso genera otra dificultad para los pequeños y medianos comerciantes”-.
Respecto al dicho – si hay mayor cantidad de supermercados habrá mejores precios en los productos – Rosolén aseguró que “es mentira que los precios van a bajar si autorizamos que haya más supermercados, porque la realidad es que los precios bajan hasta un punto, por debajo de esa línea nadie puede vender y eso a la larga perjudica al comerciante de aquí”. Además remarcó que «la elasticidad del mercado es relativa, está marcada por el consumo y estamos seguros que en América está garantizada».
El presidente del Concejo también se refirió al artículo de la ordenanza que otorga la posibilidad de efectuar excepciones – “si apareciera una empresa que planteara la idea de generar un emprendimiento en el que se involucre por ejemplo, al matadero local, que se faene la producción local, o que se implementen invernaderos para producción de verduras, la historia cambiaría. Porque todo esto que les detallo lo que haría es generar un gran esquema laboral, y ahí se los autorizará sin ningún impedimento». Además, el edil explicó que:”Lo que cambia es que las autorizaciones dejan de ser automáticas y pasan a ser exclusivas. Esto es por 365 días para que pasado ese tiempo se revea la si hace falta extender o eliminar la medida”.
En otro tramo de la entrevista para FM La Torre y su cadena de medios que retransmiten (Canal 2 – 99.9 González Moreno – FM Nic Fortín Olavarría) el representante de «Rivadavia Primero – Cambiemos» brindó datos de la cantidad de mano de obra que generan los comercios de América – “tenemos estudiado que en promedio cada comercio genera entre dos y tres puestos de trabajo, lo que equivale a un total de 500 a 600 empleados. El cierre de estos negocios implicaría un problema no solo para los dueños sino para muchas familias que se verían perjudicadas».
Párrafo aparte: opiniones que generó esta noticia en las redes sociales de nuestro Multimedios – por ejemplo, el abogado Alejandro Belfiori manifestó que «dicha ordenanza es claramente inconstitucional, cualquier persona física o jurídica que vaya a la justicia obtendrá fallo favorable, ya que hay antecedentes jurisprudenciales en ese sentido».
O quien fue presidente de la Cámara de Comercio de General Villegas – Rubén Edgardo Marchelli – quien escribió «siendo presidente de la Cámara en Villegas, se nos pidió interceder para imposibilitar la instalación de Mercados Chinos, y no existe argumento legal para negar su instalación, sólo se puede reglamentar la ubicación de grandes instalaciones comerciales en lugares retirados del centro. Lo que sí se debe hacer, es controlar su sanidad y la inscripción impositiva, para que no se produzca la competencia desleal, y si se sospecha de venta de mercaderías en forma ilegal, hacer la correspondiente denuncia».
En ese sentido Jorge Pablo Rosolén aseveró que “si alguien planteara que es inconstitucional, tendrá que hacerlo ante la Justicia que es la que determinará si es así o no. Nosotros creemos que ésta es la manera correcta de trabajar y de proteger la economía local. Y apostamos a eso, a resguardar muchos puestos de trabajo”.
